El Grupo Lobo Andalucía valora la sentencia del Tribunal Supremo que limita la caza del lobo a casos extremos e inevitables.

Andalucía, 17 de febrero de 2026. 

Foto: Sebastián Muñoz García

Desde Grupo Lobo Andalucía valoramos la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la posibilidad de autorizar la caza del lobo únicamente en aquellos supuestos en los que no exista otra alternativa viable para proteger al ganado.

La resolución del alto tribunal refuerza un principio fundamental recogido tanto en la normativa estatal como en la europea: el control letal de una especie protegida debe ser siempre el último recurso, aplicable sólo cuando se hayan agotado previamente todas las medidas preventivas disponibles. La normativa europea es clara en este sentido y considera que no es lícito matar lobos si la población no está en buen estado de conservación y en España, indudablemente, no lo está, como muestra el último informe del ministerio de transición ecológica, de 2020, trasladado a la comisión europea, sobre el “estado de conservación de las especies de interés comunitario en España”: estado “desfavorable-inadecuado (U-2)”.

Desde hace unos años llevamos presenciando una campaña de acoso y derribo al lobo, y a la biodiversidad silvestre en general, por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y, muy especialmente, de la política, de los sindicatos agropecuarios y del lobby de la caza. Se ha rebajado, sin base científica, la protección del lobo en el Convenio de Berna, aunque en España no ha afectado en nada, y en la directiva de hábitats. En España se hizo en 2025 un juego de prestidigitación para sacar ilegalmente al lobo del listado que lo protegía (LESRPE) aprovechando subterfugios de una ley, la de desperdicio alimentario, que poco tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Esa ley, de la que se está estudiando su anticonstitucionalidad, se ha estado usando como excusa para retomar los programas de “gestión” letal del lobo, que ya estaban denunciados por ilegales y que perdieron su efecto en 2021, cuando se incluyó al lobo en el listado LESRPE. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de España resuelve que esos planes de gestión son inválidos. Nos alegramos, pero aún queda mucho por hacer en la conservación de una especie clave fundamental en los ecosistemas ibéricos.

El Principado de Asturias ya ha detenido oficialmente sus planes de sacrificio de lobos. Cantabria debe hacer exactamente lo mismo. Cualquier persona que mate un lobo está delinquiendo, aunque ya lo estaba antes de esta resolución, y debe ser perseguida por la justicia.

Por su parte, la Junta de Andalucía debería revisar su vergonzoso posicionamiento de apoyo a la matanza ilegal de lobos, por si fuese poco tener el dudoso honor de ser el único gobierno regional, junto a los de Extremadura y Castilla-La Mancha, responsable de haber perdido la única población de lobos de la Unión Europea estrictamente protegida desde 1992. El lobo, que aparece en el listado andaluz de especies protegidas, debe ser catalogado especie “en peligro de extinción” en Andalucía ante la eventualidad probable y deseable de que nuestro gran cánido salvaje recolonice su histórico territorio bético.

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) cumple un papel ecológico esencial como regulador de ecosistemas y su conservación responde a compromisos legales y científicos ampliamente respaldados. Recordamos que la especie, aunque se haya sacado irregularmente del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), volverá a ese listado más pronto que tarde. Sólo falta la resolución, injustificadamente tardía, del Tribunal Constitucional, sobre el recurso presentado por el Defensor del Pueblo Español. Esto implica que cualquier actuación excepcional debe estar debidamente justificada, motivada y basada en criterios técnicos rigurosos.

Desde Grupo Lobo Andalucía consideramos que esta sentencia:

·   Refuerza la obligación de las administraciones públicas de priorizar medidas preventivas como el uso de mastines, cercados adecuados, pastoreo vigilado, sistemas disuasorios y otros

·  Exige una evaluación individualizada y técnica de cada caso antes de autorizar controles letales.

·  Evita interpretaciones generalizadas que puedan poner en riesgo la viabilidad de poblaciones vulnerables.

Al mismo tiempo, reiteramos la necesidad de diálogo de las administraciones públicas con todos los sectores implicados, incluyendo al sector ganadero y al sector conservacionista, en la búsqueda de la compatibilización entre la persistencia de la vida silvestre y la explotación de los recursos naturales por parte del sector agropecuario. Esa compatibilidad es posible si se basa en el conocimiento científico, la responsabilidad institucional y el respeto a la legalidad vigente.

Apostamos por políticas públicas que garanticen compensaciones ágiles, apoyo técnico y financiación suficiente para implementar medidas preventivas eficaces, así como la inspección efectiva del cumplimiento de los compromisos de promoción de la biodiversidad al completo contraídos por los perceptores de ayudas públicas.

El Grupo Lobo Andalucía continuará trabajando por la protección del lobo en su distribución actual y preparando el terreno para su vuelta a Andalucía. Seguiremos persiguiendo un modelo de gestión que priorice la prevención, la transparencia y la sostenibilidad. Seguiremos trabajando para que el lobo sea catalogado como especie “vulnerable” a escala nacional y recuperado a escala ibérica.